Non competit tributum
Cuando Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati, eran investigados por el delito de encubrimiento de delitos sexuales contra menores, el ex Fiscal Nacional Jorge Abbott sorprendió con la firma de un ‘acuerdo’ de cooperación entre el Ministerio Público y la Conferencia Episcopal de Chile (CECH), que entre otros puntos establecía la obligación de la Fiscalía a mantener informada a la CECH del curso de las investigaciones contra funcionarios de la misma Iglesia. Además de la firma de Abbott y del secretario general de la CECH de la época, Fernando Ramos, este polémico convenio fue revisado y visado por la jefa de Asesoría Jurídica de Fiscalía Nacional, Marta Herrera Seguel, hoy candidata a encabezar el Ministerio Público.
Era el año 2019 y una nueva polémica salpicaba al Ministerio Público comandado por el ahora ex Fiscal Nacional Jorge Abbott. Ese año, la Fiscalía Nacional suscribió –en plena investigación por los casos de abusos sexuales en la Iglesia– un polémico ‘acuerdo’ con la Conferencia Episcopal de Chile (CECH) con el objetivo de favorecer el intercambio de información entre ambas instituciones y que involucraba a miembros de la Iglesia católica chilena. El ente persecutor se comprometía a mantener informada a la CECH del curso de las investigaciones contra funcionarios de la misma Iglesia. “El Ministerio Público se compromete a entregar al consejo nacional de prevención de abusos y acompañamiento de víctimas de la CECH información sobre causas de delitos de carácter sexual cometidos por clérigos diocesanos, siempre que esto no vulnere lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal”, decía el ‘acuerdo’.
De inmediato el escándalo estalló y debido a las críticas transversales –incluidas la de víctimas de abusos– el fiscal Abbott tuvo que retractarse y dejar sin efecto el ‘acuerdo’. Pero la mancha quedó y fue uno de los hechos que debilitaron a la Fiscalía que deja Jorge Abbott. Es más, en sus últimos días al mando de la institución y a modo de despedida, realizó un mea culpa, calificando este convenio como “un error”.
Fuentes cercanas a las víctimas reparan en que, si esto fue un error, cómo nadie asesoró al exjefe del Ministerio Público de lo inconveniente de firmar un ‘acuerdo’ de semejante naturaleza y en plena investigación por los abusos de la Iglesia. No obstante, el documento en cuestión sí fue revisado por la Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, y validado por tanto, tal y como se desprende de la firma que acompaña a la de Abbott y a la de Luis Fernando Ramos, el entonces secretario general de la Conferencia Episcopal. La firma corresponde a la de Marta Herrera, jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, y hoy candidata a Fiscal Nacional.
Agencias Noticiosas – El Mostardor – Reflexión y Liberación
