Ministra Romy Rutherford; ¿bajo espionaje?
Romy Rutherford Parentti, Ministra de la Corte Marcial, se ha destacado por su investigación que la llevó a procesar a altos cargos castrenses, como los ex comandantes del Ejercito; generales (r) Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, por el denominado Milicogate.
Pero más allá de la acusación contra el Ejército por intentar impedir las denuncias y encubrir eventuales ilícitos, en la querella se destaca a otra víctima del espionaje militar: la Ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford.
De hecho, la Jueza cuenta actualmente con escolta o protección policial, situación que no había vivido antes, ni cuando en su calidad de Jueza del 2° Juzgado del Crimen de Santiago, procesó al clan Mazza y ordenó la incautación de $300 millones de dólares.
Tras el primer procesamiento que hizo en contra de un militar, el general en retiro Héctor Ureta, dos funcionarios de la PDI la acompañan desde su domicilio hasta los Tribunales, especialmente luego de amenazadores mensajes que ha recibido.
Justamente en esa época, un agente de la DINE fue sorprendido por carabineros vigilando fuera del despacho de la Ministra Rutherford. Aunque según la querella, al menos desde 2019 agentes de dicho organismo de inteligencia del Ejército se habrían apostado jornadas completas en las afueras del Tribunal, en la intersección de calles Morandé con Compañía, en la Comuna de Santiago, con la aparente finalidad de vigilar a quienes iban a declarar o denunciar en el marco de las investigaciones por el caso Milicogate.
En esa época, la DINE era dirigida por el general de Brigada Schafik Nazal Lázaro, quien dependía del Jefe del Estado Mayor General del Ejército, cargo a la época que ostentaba el general de División, Ricardo Martínez Menanteau.
El abogado que representa al periodista Mauricio Weibel, Cristián Cruz, asevera que “nos hemos encontrado con antecedentes que dan cuenta que algunas de esas actividades intrusivas, que también dicen relación con las actividades de la Ministra Rutherford, es decir, que ella también habría sido espiada u objeto de seguimiento a lo menos de interés por parte de funcionarios del Ejército, lo cual es gravísimo”.
“Una autoridad judicial no puede ser objeto de ninguna medida intrusiva, de espionaje, de seguimiento por parte de órganos del Estado, mucho menos de las Fuerzas Armadas, sobre todo cuando aquí no hay un argumento a que la seguridad nacional esté en juego por elementos externos, aquí lo que se ha indagado por el Poder Judicial son casos de corrupción”, señala el abogado.
Ante consultas periodísticas sobre estos graves hechos de corrupción, intercepciones y espionajes a civiles, desde el Ejército indicaron que debido a que los hechos son parte de una investigación judicial en curso, la Institución está impedida de pronunciarse al respecto.
Agencias Noticiosas – Quinto Poder
