21 puntos de reflexión para los obispos de la Cumbre
Normas para regular el traslado de los sacerdotes de una diócesis a otra o las migraciones de aspirantes a sacerdotes de seminario en seminario; disposiciones para facilitar la participación de los laicos en investigaciones y procesos canónicos; una evaluación «psicológica» para los candidatos al sacerdocio y a la vida consagrada. Indicaciones sobre: protocolos específicos para las acusaciones contra obispos, la edad mínima para el matrimonio, los procesos de curación en las diócesis y sobre las relaciones con los medios de comunicación.
El Papa Francisco pidió “concreción” hoy por la mañana en su discurso con el que inauguró la gran cumbre sobre los abusos, que se llevará a cabo en el Vaticano hasta el próximo 24 de febrero. Después pidió que los 190 participantes recibieran una lista de 21 puntos para orientar y hacer que sean más concretas las discusiones de estos tres días. Un “mapa” para llegar al objetivo de formular estrategias aplicables en el futuro en las Iglesias de los cinco continentes.
«Líneas guía para ayudar nuestras reflexiones», las presentó Francisco hoy por la mañana. Son el fruto de las investigaciones e instancias que enviaron las diferentes Comisiones y las Conferencias Episcopales de todo el mundo a los miembros del comité que organizó la cumbre. Se nota, efectivamente, al leer los diferentes puntos, que algunos temas se refieren a problemas y sensibilidades específicas de algunos países y culturas, por ejemplo elevar la edad mínima del matrimonio a los 16 años, o retoman propuestas que hicieron en los últimos meses algunos episcopados.
El último punto, por ejemplo, recuerda la sugerencia de los obispos estadounidenses de crear grupos de laicos y consagrados, expertos en materia, para que las víctimas de eventuales abusos puedan dirigirse a ellos. «Es necesario –se lee en el texto que difundió la Sala de Prensa vaticana– que se instituya, allí donde aún no se ha hecho, un órgano de fácil acceso para las víctimas que deseen denunciar eventuales delitos. Un organismo que goce de autonomía incluso con respecto a la autoridad eclesiástica local y compuesto por personas expertas (clérigos y laicos), que sepan expresar la atención de la Iglesia a aquellos que, en este campo, se consideran ofendidos por actitudes inadecuadas por parte de los clérigos».
Otros puntos importantes se relacionan con el traslado de los sacerdotes, seminaristas y aspirantes a la vida religiosa hacia otras diócesis, seminarios o congregaciones. Una manera para acabar con el antiguo mecanismo de “encubrimiento” para clérigos creíblemente acusados de abusos. «Indicar las normas que rigen el traslado de un seminarista o aspirante religioso de un seminario a otro; así como de un sacerdote o religioso de una diócesis o congregación a otra», dice el punto 18.
Con respecto a los seminaristas, se pide la introducción de «programas de formación inicial y permanente para consolidar su madurez humana, espiritual y psicosexual, así como sus relaciones interpersonales y su comportamiento». Y también que se lleve a cabo con los candidatos al sacerdocio y a la vida consagrada «una evaluación psicológica realizada por expertos cualificados y acreditados».
También hay que formular «códigos de conducta obligatorios para todos los clérigos, los religiosos, el personal de servicio y los voluntarios para delinear los límites apropiados en las relaciones personales». Y «especificar los requisitos necesarios para el personal y los voluntarios, y verificar sus antecedentes penales».
En otro de los puntos del documento se piden «disposiciones que regulen y faciliten la participación de expertos laicos en las investigaciones y en los diferentes grados de juicio de los procesos canónicos concernientes a los abusos sexuales y/o de poder». Una indicación que expresó el arzobispo Charles Schicluna, miembro del comité organizador, en su relación de esta mañana.
Otros puntos para la reflexión son los que indican la necesidad de crear: un «vademécum práctico en el que se especifiquen los pasos a seguir por la autoridad en todos los momentos claves de la emergencia de un caso»; estructuras «de escucha, compuestas por personas preparadas y expertas, donde se realice un primer discernimiento de los casos de las presuntas víctimas; «procedimientos compartidos para el examen de las acusaciones, la protección de las víctimas y el derecho de defensa de los acusados»; y «criterios para la participación directa del Obispo o del Superior Religioso» además de «protocolos específicos para la gestión de las acusaciones contra los Obispos».
Entre los puntos para la reflexión de la cumbre, se insiste en la indicación de «informar a las autoridades civiles y a las autoridades eclesiásticas superiores de acuerdo con las normas civiles y canónicas». Así como en «realizar una revisión periódica de los protocolos y de las normas para salvaguardar un ambiente protegido para los menores en todas las estructuras pastorales; protocolos y normas basados en los principios de la justicia y de la caridad».
La base de todas estas indicaciones es la voluntad de «acompañar, proteger y cuidar a las víctimas, ofreciéndoles todo el apoyo necesario para su completa recuperación» que siempre ha pedido el Papa. Con base en esta voluntad, se pide la preparación de «caminos para el cuidado pastoral de las comunidades heridas por los abusos, así como itinerarios penitenciales y de recuperación para los culpables». También hay que «incrementar la conciencia de las causas y de las consecuencias de los abusos sexuales a través de iniciativas de formación permanente de Obispos, Superiores religiosos, clérigos y agentes pastorales».
En virtud de las palabras que utilizó el Papa durante el discurso a la Curia Romana, cuando agradeció a los periodistas por haber sacado a la luz con su trabajo de investigación historias de abusos que de lo contrario habrían quedado olvidadas, se pide «consolidar la colaboración con todas las personas de buena voluntad y con los operadores de los medios de comunicación para poder reconocer y discernir los casos verdaderos de aquellos falsos, las acusaciones de calumnias, evitando rencores e insinuaciones, habladurías y difamaciones».
También hay en estos puntos una alusión al «derecho a la defensa», pues «es necesario salvaguardar el principio de derecho natural y canónico de la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad del acusado -se lee en el décimo cuarto punto. Por lo tanto, es necesario evitar que sean publicadas las listas de los acusados, incluso por parte de las diócesis, antes de la investigación previa y la condena definitiva».
Para concluir, se pide también que se observe «el tradicional principio de la proporcionalidad de la pena con respecto al delito cometido. Deliberar que los sacerdotes y obispos culpables de abuso sexual de menores abandonen el ministerio público».
Salvatore Cernuzio – Ciudad del Vaticano
Vatican Insider – Reflexión y Liberación
