Iglesia de España y las denuncias por abusos sexuales
La Iglesia católica española se prepara para la ‘tormenta perfecta’ que se le avecina.
Todos los expertos, tanto en Roma como en España, dan por segura una explosión de denuncias de casos de abusos de clérigos en nuestro país. Para hacerles frente y, de paso, adecuarse a las directrices del Vaticano, la Conferencia episcopal española acaba de anunciar la creación de una Comisión Antipederastia, que nace lastrada por no contar con las víctimas y por poner al frente a un obispo considerado demasiado ‘blando’ con los abusadores.
La nueva comisión episcopal, dirigida por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, pretende alcanzar varios objetivos, como señala el propio documento de constitución. El primero y más coyuntural es “preparar los materiales de trabajo” que el presidente del episcopado, cardenal Blázquez, tendrá que presentar en el cumbre Antipederastia, convocada por el Papa en el Vaticano, del 21 al 24 de febrero de 2019. Una reunión que Francisco quiere que represente un antes y un después en la lucha eclesiástica contra la plaga de la pederastia, con normas concretas que figuren en el Código de Derecho Canónico.
El segundo objetivo de la comisión episcopal es “actualizar los protocolos de actuación de la Iglesia española”, lo cual quiere decir que estaban desfasados o que no se ponían en práctica. El tercero es “redactar una nueva normativa para la prevención y protección de abusos sexuales a menores” y, de esta forma, adecuarse a lo que viene exigiendo el Vaticano a través de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores.
Tras los tres objetivos generales, la nota señala toda una amplia serie de deseos abstractos, que los obispos se comprometen a alcanzar, como “cuidar y educar con respeto”, “proteger a todos menores y adultos vulnerables” o “crear comunidades seguras y solidarias, que ofrezcan un entorno de amor”.
Y, cuando trata de aterrizar en lo concreto, como les pide constantemente el Papa, los prelados hablan de “seleccionar y formar cuidadosamente a todos aquellos con alguna responsabilidad en la Iglesia”, “ofrecer un ministerio apropiado de cuidado pastoral a los que han sufrido abusos”, asi como “ofrecer asistencia y apoyo pastoral, incluyendo supervisión y remisión a las autoridades apropiadas, a los abusadores”.
Nada, pues, concreto y evaluable. De ahí que las victimas clamen su indignación y hayan considerado la nota episcopal, pensada en teoría para atajar un problema, como una provocación inmerecida e innecesaria. “El gran ocultador que solo ha dado la cara cuando se ha descubierto todo, que permitió el homenaje al tipo que abusó de mí, y que todas sus decisiones han sido a regañadientes…¿protegiéndonos? Sinceramente decepcionante”, dice Francisco Javier, víctima de abusos (junto a su hermano y otros niños) en el seminario de La Bañeza a manos del cura José Manuel Ramos.
A su juicio, “con esta medida cosmética y de cara a la galería, la Iglesia española trata de lavar su cara, porque le están viendo las orejas al lobo e intentan poner un muro de contención, para no terminar ahogados”.
¿Por qué los obispos toman ahora esta decisión, cuando han pasado años, durante los cuales las víctimas se han sentido ninguneadas y hasta despreciadas? La respuesta más favorable al episcopado asegura que, por torpeza o desconocimiento, los obispos españoles se están convirtiendo en perfectos ‘storm hunters’ (provocadores de tormenta).
De hecho, el efecto conseguido por la nota ha sido el de una creciente indignación social, que ha colocado la noticia estos días como ‘trending topic’ de las redes, en las que los usuarios se están despachando a gusto contra los prelados españoles.
Tanto las víctimas como las redes, lo que más reprochan a la Conferencia episcopal son dos cosas. La primera, que en una comisión de este tipo no se haya consultado ni tenido en cuenta en absoluto a las víctimas. Una comisión sobre las víctimas de abusos, pero sin abusados.
La segunda y quizás la que ha provocado más revuelo es la del presidente de la citada comisión, el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez. El prelado de origen asturiano es canonista y cuenta con amplia experiencia en el ámbito de los abusos, porque, desde su llegada a la diócesis hace tres años, tuvo que hacer frente a varios casos de curas abusadores. Pero lo que podría ser una ventaja, las víctimas la consideran un hándicap, porque le acusan de “encubrir y tapar” los casos, sin mostrar clemencia por las víctimas y negándose a resarcirlas.
La verdad es que monseñor Menéndez no ha tapado los casos de pederastia denunciados en su diócesis, sino que los ha juzgado, pero asignándole una penas menores a los abusadoresy sin obligarles a dimisionar del estado clerical. En efecto, José Manuel Ramos Gordon, sigue siendo sacerdote y cobrando como tal, aunque le esté prohibido ejercer el sacerdocio públicamente y se le haya obligado a retirarse a un monasterio, donde puede llevar una vida de absoluto sosiego y tranquilidad.
“Años de vacaciones pagadas, sin obligaciones de ningún tipo y con todo el tiempo del mundo para dedicarse a lo que considere oportuno. Y, además, con posibilidad de rehabilitarse y revisar su condena, tras pasar unos años en el convento”, explica la víctima de La Bañeza.
Además, mientras el abusador convicto vive tranquilamente en su monasterio, las víctimas no han conseguido el resarcimiento esperado por parte de monseñor Menéndez. Ni psicológico ni espiritual y, mucho menos, económico. Cuenta Javier, la víctima de Ramos Gordon que, para quitárselo de en medio, el obispado llegó a ofrecerle 50.000 euros, que, lógicamente no aceptó, y, ahora, le exige 300.000.
Pero monseñor Menéndez se niega a abonar esa cantidad, porque teme crear un precedente y provocar un efecto llamada. Es decir, que surjan nuevos y numerosos casos que reclamen sumas elevadas de indemnización y que puedan poner en peligro la supervivencia económica de muchas diócesis. Algo que ya ocurrió en Estados Unidos, donde varias diócesis han quebrado económicamente, al tener que hacer frente a las cuantiosas indemnizaciones a las que fueron condenadas por los tribunales de justicia civiles.
La indignación de las víctimas se ha disparado, al saber que uno de los integrantes de la citada comisión será el sacerdote Silverio Nieto, del Servicio Jurídico Civil de la CEE, antiguo magistrado, muy cercano a los sectores políticos más conservadores y al que el padre de la víctima de Gaztelueta (cuyo caso está visto para sentencia) acusa de haberse puesto abierta y dolosamente del lado del abusador y en contra de su hijo, presuntamente abusado por un profesor del colegio del Opus Dei de Bilbao.
“La Comisión Antipederastia de los obispos me parece una infamia y una nueva ofensa a las víctimas. Es indecente, porque no hay ni una sola voz de las víctimas, porque la preside un obispo encubridor y porque en ella aparece el ‘fontanero’ sacerdote Silverio Nieto”, explica.
Más aún, el padre de la víctima de Gaztelueta tacha al director del servicio jurídico del episcopado de “tramposo y absolutamente parcial, porque, en nuestro caso, fue un comisario e indiciariamente un manipulador en favor del presunto abusador y del colegio de la Obra”
Y concluye, tajante: “Si queda alguien con decencia en la Conferencia episcopal, exijo que, de una vez por todas, traten a las víctimas con el respeto debido, algo que no han hecho nunca, aunque diga lo contrario Gil Tamayo. El tratamiento que el episcopado está dando a los casos de abusos es ofensivo para las víctimas y no lo vamos a permitir. Esta no es la Iglesia que queremos los católicos. Esta es la Iglesia de la infamia. Su comisión es una burla a las víctimas”.
José Manuel Vidal
Director de Religión Digital – Madrid.
