¿Roban los cardenales dineros del Vaticano?

El ex Auditor general del Vaticano, Libero Milone -en la foto con el Papa-, quien ha estado en tensión durante años con la Secretaría de Estado debido a las oscuras circunstancias que rodearon su renuncia en 2017, ha decidido pasar una guerra judicial.

Y lo hace con gravísimas acusaciones contra cardenales, altos prelados, periodistas de la RAI y funcionarios de la Santa Sede que, según sus investigaciones en el rol de auditor de 2015 a 2017, habrían dispuesto irregularmente o directamente tomando fondos vaticanos.

Junto a su colaborador Ferruccio Panicco, Milone presentó ante el Tribunal del Vaticano una citación contra el Secretario de Estado, Pietro Parolin, y contra la oficina del Auditor general, encabezada por Alessandro Cassinis, pidiendo una indemnización de algo menos de 10 millones de euros.

Milone, quien tuvo una carrera como consultor de alto perfil -y por esta misma razón fue seleccionada para controlar de forma independiente las cuentas del Vaticano, siguiendo los deseos de transparencia financiera del Papa Francisco, afirma que su credibilidad profesional ha sido destruida precisamente porque encontró oposición, inclusive públicamente, con figuras vaticanas, especialmente de la Secretaría de Estado.

Nombres que Milone ya había señalado en el pasado como sus verdugos en algunas entrevistas y ruedas de prensa. En la citación enviada al Vaticano, esta vez, Milone también ataca al Secretario de Estado Pietro Parolin, Cassinis y los promotores de justicia, es decir, los magistrados del Papa ya criticados por gestionar el juicio contra Becciu y el presunto fraude en la venta de la Edificio Sloane Avenue en Londres.

Eliminación

La complicada mediación iniciada por Milone con la Secretaría de Estado en los últimos años, ha generado una nueva investigación por parte de los promotores de justicia vaticanos que ahora investigan. Oficialmente por malversación por desvío- por lo que el ex interventor dio orden de denunciar al abogado Romano Vaccarella, ex juez constitucional y ex defensor, entre muchos otros, de Silvio Berlusconi en varios casos civiles.

El agravante no desdeñable de la acción judicial es que Panicco, aquejado de cáncer, alega que la Santa Sede si negó a devolverle los documentos médicos personales que guardó en su despacho cuando se registró en junio de 2017, lo que habría retrasado al menos 12 meses la investigación a fondo de lo que es salud, que se agravaba.

En un encuentro con algunos periodistas de diarios italianos e internacionales en el que participó, Panicco dijo que la demora en el diagnóstico le hizo perder entre 15 y 20 años de Esperanza de vida. Grave acusación que el Vaticano -escuchado por el escritor- niega rotundamente, explicando que “todo ha sido devuelto en su debido tiempo”, y que Panicco podría sin ningún impedimento “pedir al médico una copia del CD-ROM de los datos de salud”.

Pero la denuncia es mucho más que una reivindicación de profesionales perjudicados. No sólo el final del cargo de Milone, que la Santa Sede califica de renuncia libre mientras que él de expulsión intencionalmente interpretada con motivos engañosos, estuvo acompañado de acusación muy fuerte como espionaje y malversación. Pero Milone sugiere que la expulsión está ligada a su actividad investigativa, que revela -aunque sin dar nombres- por primera vez.

Transferencias “por error”

Otro cardenal es citado tras haber devuelto “500 mil euros adeudados al organismo que administraba” que habían “terminado en sus cuentas personales por error “.

En la denuncia, se realizó una “financiación ilegal del OPBG ( Hospital Bambino Gesù) a la Fundación Monti de 50 millones en evidente conflicto de intereses, con la participación de la Congregación de los Hijos de la Inmaculada Concepción”, citó “retiros indebidos” para un “monseñor” anónimo en 2015 por las actividades del Consejo pontificio para la familia.

En otro acápite menciona también directamente a Giani, quien en la versión de los abogados de Milone tiene un papel central en todo el asunto. Se habla de “uso ilícito de fondos de la Gendarmería para cubrir la parte de los costos de reconstrucción (170 mil euros) que debe pagar el Comandante Giani”.

En la práctica, según la acusación, Giani no habría pagado de su propio bolsillo la parte de las obras de la casa en la que vivía, como sugirió la legislación del Vaticano a sus inquilinos. “La casa no es de Giani, hasta el Vaticano”, explican fuentes cercanas al excomandante. “Ahora el nuevo comandante vive allí, no hay ningún delito”.

Entre cargos nunca justificados, movimientos sospechosos en las cuentas del IOR, contratistas contratados por el Vaticano para limpiar las computadoras, errores que controlan y poderes que luchan para oponerse a la disciplina de transparencia que había ordenado el Papa, y que Milone estaba poniendo en práctica , incluida la verificación de un “conocido periodista de la RAI” que mantiene “relaciones contractuales decididamente anómalas” con Propaganda Fide. Como ejemplo cita el “alquiler (…) de un suntuoso apartamento en el centro de Roma”.

La ruptura

En la citación, Milone adjuntó los documentos en apoyo de su tesis, que son los informes sobre cada caso anómalo que entregó mensualmente directamente al Papa (y copia a Parolin).

Sin embargo, los encuentros habituales entre Milone y el Papa cesan “de manera inesperada” a partir del 1 de abril de 2016, fecha que el acusador relaciona (habla de una “extraña coincidencia”) con un diálogo en el que expuso sobre la necesaria transparencia y de cómo deberían realizarse las auditorías, es decir, de forma independiente y de acuerdo con las normas internacionales de auditorías.

Según Milone, el cardenal tenía una idea muy diferente de cómo debería haber actuado el Auditor general, es decir, moviéndose en un espacio más limitado y sin poder para exigir la documentación necesaria a los dicasterios.

Es una parte de esta trama judicial que forma parte de una historia mucho más profunda y compleja que la destitución de un contrato profesional para un Auditor Vaticano que tuvo toda la confianza de sus jefes directos en la Secretaría de Estado, incluido el Papa.

Mattia Ferraresi / Emiliano Fittipaldi – ROMA

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