Espionaje en el escándalo financiero del Vaticano
Hay estupor en el Vaticano y en la Gendarmería por los nuevos detalles que surgen de la investigación del Palacio de Londres, gatillada por Monseñor Edgar Peña Parra y otros directivos de la Secretaría de Estado del Vaticano.
Los funcionarios de alto rango de la Secretaría de Estado del Vaticano contrataron a agentes de inteligencia italianos, ignorando a la emblemática Gendarmería vaticana, para que revisaran sus oficinas de trabajo diario en busca de intercepciones, dijo un exfuncionario de la Secretaría a los fiscales del Vaticano que siguen en un juicio que parece no tener fin.
Monseñor Edgar Peña Parra, quien es sustituto en la Secretaría de Estado, junto con Monseñor Mauro Carlino, pidió a los funcionarios de inteligencia italianos que examinaran sus oficinas y teléfonos en busca de vigilancia electrónica, y solicitó información sobre personas que estaban “tratando de irrumpir en las estructuras económicas de la Santa Sede con intenciones maliciosas”, según un testimonio recientemente informado en el Vaticano en el marco de la investigación de delitos financieros.
Según los informes creíbles, el testimonio proviene de Vincenzo Mauriello, un ex funcionario de la oficina de protocolo de la Secretaría de Estado del Vaticano que supuestamente ayudó a conectar a Peña Parra con un agente de inteligencia italiano experto en cibernetica, según fuentes informativas del Vaticano y corroboradas por diversos funcioanrios regulares de la Santa Sede.
Mauriello dijo a los investigadores del Vaticano que durante una reunión en mayo o junio de 2019, Peña Parra le dijo que quería que revisaran sus nuevas oficinas en busca de registros o señales porque descubrió que elementos de sus conversaciones privadas que había tenido se estaban dando a conocer regularmente en diferentes instancias no solo informativas del Vaticano.
En respuesta, según los informes, Mauriello le dijo al arzobispo que conocía a una persona adecuada que podría realizar un barrido electrónico y que se podía contactar con un oficial que conocía en la Agencia de Seguridad e Información Interna de Italia (AISI), que era confiable y “un católico practicante”, testificó el ex funcionario.
Mauriello asegura que luego de hacer la presentación, escoltó al oficial de inteligencia, cuyo nombre no figura en el informe oficial, hasta la oficina de Peña Parra, y luego lo dejó en compañía de Carlino para realizar el allanamiento profesional y sofisticado. Regresó dos horas después para escoltar al oficial fuera del edificio, dijo Mauriello a los investigadores.
No está claro por qué Peña Parra habría elegido usar un oficial de inteligencia italiano para asegurar sus oficinas, en lugar de los propios gendarmes del Vaticano o la policía federal, que tienen una experiencia considerable en vigilancia electrónica desde hace años en los departamentos vaticanos.
En una segunda ocasión, dice Mauriello, llevó al oficial y a su superior a otra reunión con el arzobispo Peña y Carlino, durante la cual discutieron la realización de un “reconocimiento” para ciertas personas específicas de la Secretaría. “No me dijeron los nombres de estas personas”, dijo Mauriello a los investigadores, “ni pregunté por ellos ya que no son un asunto de mi competencia”. Sin embargo, dijo que les señaló a los dos funcionarios después de la reunión, que Peña Parra “puede equipararse a un Ministro del Interior, y que sí había pedido información rigurosa era por el bien de la Santa Sede, y, en todo caso, dentro del ámbito de sus competencias”.
Cuando los oficiales regresaron a la secretaría varias semanas después para presentar un informe preliminar, Mauriello dijo que fueron detenidos por los gendarmes de la Ciudad del Vaticano, quienes exigieron saber quiénes eran. Aunque Carlino y Maurello intervinieron y llevaron a los agentes a su reunión con Peña Parra, el incidente resultó en un informe policial formal.
Algunas semanas después, Carlino le pidió a Mauriello que lo pusiera de nuevo en contacto con el oficial de inteligencia italiano, porque temía que su teléfono móvil hubiera sido pirateado o intervenido.
La noticia del relato de Mauriello es la última de una serie de filtraciones de pruebas recopiladas en el curso de una investigación de casi dos años sobre los asuntos financieros de la Secretaría de Estado. Esa investigación condujo, en julio del año pasado, a la acusación de diez personas relacionadas con la Secretaría con una variedad de delitos financieros, incluido Monseñor Carlino y el cardenal Angelo Becciu.
En los últimos meses, mientras los jueces del Vaticano han señalado su creciente impaciencia por proceder a la fase probatoria del juicio, ha aparecido una serie de informes en los medios italianos que detallan extractos de las pruebas recopiladas de varios testigos diferentes, incluidos relatos previos de presuntos espionajes y esfuerzos de contraespionaje de Carlino y Peña Parra, además de fluidos contactos con la inteligencia italiana.
En otra arista de esta investigación, Luciano Capaldo también dijo a los fiscales que puso a Carlino en contacto con un “experto en seguridad informática” para que lo ayudara con las preocupantes sospechas de que su teléfono móvil estaba siendo monitoreado, posiblemente por las propias autoridades del Vaticano.
Al mismo tiempo, también se supo que Marco Simeon, un laico conocido en la prensa italiana como “el cabildero del cardenal Becciu” debido a sus vínculos con el purpurado caído en desgracia, dijo a los fiscales que un contacto suyo en la inteligencia italiana le había advertido que Torzi se había acercado, con sigilo, a los oficiales que solicitaban información sobre Becciu y otros investigados por la Secretaría de Estado, todos los cuales unos tras otros han sido acusados posteriormente por el Vaticano y sometidos a largos interrogatorios.
Este juicio que tiene conmocionada a la Santa Sede, a la prensa italiana y europea se reanudará en la Ciudad del Vaticano el 18 de febrero.
Agencias Noticiosas en Roma