La aberrante privatización del agua
Las cifras son alarmantes: de los 7 600 millones de habitantes en el mundo, 2 533 no tienen acceso al agua potable, más de 3 000 millones carecen de un saneamiento seguro y cerca de 680 millones defecan al aire libre.
Pero lo más vergonzoso en este mundo de capitalismo y neoliberalismo salvaje es que en tiempos de pandemia de covid 19, que se ha expandido por todos los continentes, sucede que ahora en la Bolsa de Valores de Wall Street el Grupo CME ha lanzado contratos para el comercio de futuros de agua en el orbe, con el pretexto de “ayudar a los usuarios a obtener el servicio del preciado líquido.
La operación comercial la realizó ese grupo el pasado 7 de diciembre lo que permitirá, según afirmó, que compradores y vendedores intercambien un precio fijo por la entrega de una cantidad de agua en fecha futura.
El relator especial de Naciones Unidas sobre Derecho al Agua Potable y al Saneamiento, Pedro Arrojo Agudo denunció inmediatamente que «no se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos básicos comercializados. Ese líquido es de todos y es un bien público. Está estrechamente ligado a todas nuestras vidas y medios de subsistencia y es un componente esencial para la salud pública».
El experto alertó que mientras los agricultores, las fábricas y las empresas de servicios públicos buscan fijar precios, un mercado de futuros de este tipo también podría atraer a especuladores como fondos de cobertura y de bancos a apostar por estos precios, repitiendo la burbuja especulativa del mercado de alimentos en 2008.
Como manifestó Arrojo Agudo es muy preocupante que el agua se trate como el oro, el petróleo y otros productos básicos que se negocian en el mercado de futuros de Wall Street y atenta contra el derecho de todos los ciudadanos del orbe.
La ONU, principal organismo internacional (aunque algunos de los países poderosos se desentienden de sus decisiones) coordinó en julio de 2010 el acceso de todas las personas al agua. El acuerdo que se reafirmó finalmente durante la Agenda 2030 y cuyo objetivo es acabar con las desigualdades en ese sector no ha sido cumplido en muchos casos.
En las décadas de 1970 y 1980 nadie se cuestionaba si el agua era una mercancía o un derecho humano porque se comprendía que debía pertenecer por igual a todos los ciudadanos del planeta, pero esa concepción cambió a partir de los años 90 del pasado siglo cuando se impulsó el sistema capitalista neoliberal.
En esa inhumana acción han tenido parte fundamental varios organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), los que han favorecido a ricos empresarios nacionales y a compañías transnacionales.
Solo durante el año 2000, explica el investigador Gustavo Castro Soto, el FMI obligó a 12 países a privatizar el agua y otros servicios públicos: Angola, Benín, Guinea Bissau, Honduras, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Ruanda, Santo Tome y Príncipe, Senegal, Tanzania y Yemen.
La estrategia ha sido presionar a los gobiernos con empréstitos con la consecuente acumulación de deudas que después son impagables, o mediante coacciones a diversos gobiernos para que abran esos recursos al sector privado.
La situación real es que ya las cuencas de agua están bajo amenaza extrema por el aumento de las poblaciones, las demandas cada vez mayores para la agricultura, la industria minera y el cambio climático.
Entre el 60 % y 90 % de la población mundial vive en países con escasez de agua dulce, mientras la actual pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto como quedan las personas más necesitadas del primordial líquido que las lleva a transitar por un camino más sombrío.
A esa escasez se une la contaminación, pues muchas enfermedades se propagan por aguas infectadas, saneamientos deficientes o falta de higiene que causan cada año la muerte a más de 1,5 millones de niños, o sea, cada 15 segundos muere un menor por esos motivos que podrían ser resueltos con políticas económico sociales por parte de gobiernos e instituciones internacionales.
A las ya agotadas fuentes de abasto de agua y en muchos ríos y lagunas son vertidos diariamente 2 000 000 de toneladas de residuales y otros contaminantes.
Según estudios de organizaciones internacionales, ese desastre se agrava en los países en desarrollo donde se arrojan, casi siempre por compañías transnacionales, más del 90 % de los desechos sin procesar y el 70 % de los residuos industriales.
Las privatizaciones del agua conducen a efectos desastrosos entre los pobladores pues los pagos por esos servicios se vuelven incosteables. El negocio consiste en controlar esos derechos en zonas abundantes y vendérselos a los ciudadanos mediante concesiones y contratos.
Entre las grandes compañías se encuentran las francesas Suez y Veolia, la estadounidense Bechtel, la alemana RWE-Thames, la española Aguas de Barcelona y otras.
Lo cierto es que con la nueva acción del CME Group en la Bolsa de Valores de Wall Street, los consorcios del agua ejercerán más influencia sobre el control y costo del preciado líquido, que solo podrá ser enfrentado y detenido por la unión de los gobiernos nacionalistas que defiendan a sus ciudadanos en los organismos internacionales ante la rapiña del capitalismo neoliberal.
Hedelberto López Blanch
