Caso Becciu: La “conexión” Monseñor Peña Parra
En los documentos enviados por el Vaticano al Poder Judicial italiano, se señala que Monseñor Peña Parra, en quien confía el Papa, ordena pagos al financista italiano Gianluigi Torzi: el Vaticano ha perdido más de 100 millones de euros. Investigación de la Guardia di Finanza.
El arzobispo venezolano Edgar Peña Parra tuvo un papel destacado en el asunto londinense del edificio Sloane Avenue, que se tradujo en la pérdida de cientos de millones de euros para las arcas de la Santa Sede. Cinco documentos confidenciales, hasta ahora inéditos y adjuntos a la solicitud de rogatoria del Vaticano enviada el pasado mes de noviembre a la Fiscalía de Roma, relatan cómo el actual Suplente de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, ha decidido conscientemente poner el dinero de St. Pietro y las donaciones de los fieles en manos de Gianluigi Torzi. Un financista al que el atributo “sin escrúpulos” es el que -según los investigadores de la Guardia di Finanza- más le conviene, denunciado por Bancos de toda Europa y en cambio admitido con guantes en el Vaticano.
Es gracias a las disposiciones de monseñor Peña Parra, sucesor del cardenal Becciu (bajo investigación), es que Torzi se embolsa, prácticamente sin mover un dedo, quince millones de euros, en base a un Acuerdo no escrito que los promotores de justicia de la Santa Sede, Gian Piero Milan y Alessandro Diddi no dudan en definir “incomprensible”. Sin embargo, prontamente honrado por la Secretaría de Estado, con una ronda de dinero ahora también a la atención de los financieros de la unidad de policía económico-financiera de Roma que están investigando a Torzi y los otros empresarios.
La Carta de compromiso
El análisis de los cinco documentos consultados trae esta historia a noviembre de 2018, cuando la Secretaría de Estado, envuelta en una compleja operación de compra y venta del inmueble en el 60 de Sloane Avenue, distrito de Chelsea, decidió interrumpir relaciones con un otro financista, Raffaele Mincione, que es el intermediario que la introdujo en la operación, su indemnización es una de las recordadas: 40 millones de libras. En ese momento, la Secretaría podría hacerse cargo directamente de la empresa que posee las acciones en el edificio, 60 Sa-2 Limited, y cerrarla allí. En cambio, y “por motivos aún no aclarados”, como escriben los promotores en las cartas rogatorias, decidió acogerse a los servicios de Gutt, una empresa luxemburguesa dirigida por Torzi. Estamos a finales de 2018. El corredor Molise, que trabaja en Londres, no es un extraño en el panorama financiero. Es un hombre de excelentes relaciones. Pero también está incluido en las listas negras del continente, seguido de las indagatorias abiertas por varios fiscales italianos. Lo saben en los consejos de administración de todas las instituciones de crédito italianas. Los hombres de la Guardia di Finanza en toda de Italia lo saben. Sin embargo, al parecer, Asuntos Generales de la Secretaría de Estado lo ignora. El nombre de los contratos firmados con las empresas Torzi es de monseñor Alberto Perlasca, jefe de la oficina administrativa de la primera sección de Asuntos Generales, pero el titular es el suplente. De hecho, con la Carta firmada por Peña Parra y fechada el 22 de noviembre de 2018, Perlasca recibe el mandato de “firmar con una sola firma” el contrato con Gutt di Torzi.
El contrato simulado
Monseñor Perlasca, es solo una intérprete. De hecho, en la delegación que recibió ya están las cláusulas del contrato, el llamado “contrato de compraventa de acciones”: doce páginas de contrato que pusieron la Secretaría de Estado en manos del financista italiano. El contrato prevé tres cosas: 1) el Vaticano compra un edificio que ya debería haber sido suyo; 2) lo hace a través de una tercera empresa, Gutt; 3) Torzi gestiona efectivamente el edificio gracias a 1.000 acciones, que del total 31.000 son las únicas con derecho a voto.
Habiéndose confiado al parecer injustificadamente a Torzi en diciembre, ahora el arzobispo venezolano Peña Parra es su rehén. El financista está manejando todo el juego y, como en el juego de tres cartas, solo él decide dónde están. Tiene las acciones que importan, pero no solo eso: existe una cláusula según la cual Gutt actuará como agente de la Secretaría de Estado para el control de la propiedad. Es una cláusula de la que en el Vaticano se arrepienten. Para renunciar, Torzi exige el 3% del trato, o 15 millones.
El “chantaje” del 3%
En la Santa Sede, alguien habla de extorsión. Pero los investigadores del Vaticano no creen en el chantaje, porque todo “estaba bien explicado en el acuerdo”. Y como prueba de que la fricción con Torzi es solo una fachada, traen el correo electrónico que el financiero escribe el 26 de abril de 2019 a la dirección del reemplazo. “Queridos todos, en primer lugar quiero expresarles el gran honor que ha sido para mí y para mi grupo trabajar para ustedes y con ustedes – escribe Torzi – apoyándolos en la gestión estratégica de las propiedades inmobiliarias y las inversiones en Europa y en el mundo. Dicho esto, me gustaría su confirmación de que reconoce a Sunset Enterprise (una de sus empresas) como interlocutor válido en este período, que sus actividades han sido apreciadas por usted y que está plenamente satisfecho con ella… Confirmen”.
Las dos transferencias bancarias de 15 millones
La respuesta de la Santa Sede llega en breve, tres días después. En el encabezado “Primera Sección, Asuntos Generales – Secretaría del Estado Vaticano”, el suplente Peña Parra ordena a la sucursal de Credit Suisse en Lugano realizar la transferencia de 5 millones. El 1 de mayo, Lighthouse Group Investments Unlimited gana otros 10 millones como comisión de intermediación: en total, hacen 15 millones que terminaron en los bolsillos de Torzi para comprar un edificio que ya era propiedad de la Secretaría de Estado, y para colmo, sobre la base de un acuerdo que – los magistrados vaticanos descubrirán más tarde – no fue sancionado por escrito en ningún contrato. “Nos hemos comprometido verbalmente”, se lee en una nota interna de uno de los funcionarios de la Secretaría de Estado.
La Repubblica – ROMA
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24 de octubre de 2020
