Los 20 años de democracia que ha vivido Chile no han cambiado nuestra realidad
política. Por otro lado, el bloque de poder que sustentó a la dictadura mantiene
intacto el 44% que obtuvo Pinochet en el plebiscito de 1988.
Sebastián Piñera obtuvo 44,02% de los votos. Del otro, las fuerzas que han
luchado por profundizar y ampliar la democracia siguen siendo mayoría: sumados
los votos de Jorge Arrate, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Frei alcanzan al
55,95%.
El nivel de adhesión a Sebastián Piñera
no es menor y debe hacer reflexionar a los partidos de centro e izquierda
respecto de la erosión que han sufrido en los sectores populares, sobre todo en
regiones populosas, como la Metropolitana, frente al avance de las redes
populistas que ha consolidado la UDI sin que la Concertación, la izquierda ni
los nuevos liderazgos encuentren los mecanismos para frenar tal estrategia que
es más exitosa producto del desempleo, la droga y las restringidas perspectivas
de vida para miles de jóvenes que se ven ad portas de la pobreza.
Todos los análisis indican que la campaña de segunda vuelta es una nueva
elección. Hay un conjunto de razones que así lo justifican. La principal,
naturalmente, es la polarización inevitable que se producirá en torno de dos
modelos de país: uno que tiene su origen en la dictadura, con el neoliberalismo
como ideología, que produce la desigualdad social y la exclusión política,
frente a otro que apunta a profundizar las grandes transformaciones sociales que
buscan la equidad a través de una acción permanente del Estado para crear un
sistema de protección social.
La Presidenta Michelle Bachelet destacó como el gran triunfo democrático de
estos comicios, la elección de tres diputados del Partido Comunista, entidad a
la que el Artículo Octavo de la Constitución pinochetista primero y el sistema
electoral binominal después, había excluido de la participación parlamentaria.
El Pacto contra la Exclusión es el precedente de la gran mayoría progresista que
debe expresarse en las urnas el próximo 17 de enero.
El esfuerzo unitario tiene que integrar en una perspectiva profundamente
generosa a quienes votaron por Marco Enríquez-Ominami. El 20 por ciento que
obtuvo el postulante independiente proviene principalmente de las filas de la
Concertación y expresa un descontento legítimo con prácticas cupulares que la
mayoría progresista tiene que superar si quiere seguir gobernando. Hay que
escuchar la voz de la ciudadanía y especialmente de los más jóvenes que desean
participar y decidir.
Con todo, conviene subrayar el sentido democrático de estas elecciones, donde
más de 7 millones de personas han votado ayer en las elecciones generales para
elegir Presidente de la República y renovar la totalidad de los 120 escaños de
la Cámara de Diputados y 18 de los 30 asientos del Senado. De acuerdo con una
asentada tradición chilena -que a pesar de sus pretensiones la dictadura no
logró eliminar-, los comicios se desarrollaron en un contexto de tranquilidad,
orden y reconocimiento de los resultados.
A dos décadas de concluido el régimen militar, la democracia chilena está en
una fase de madurez y estabilidad. Sin embargo, este cuadro de consolidación no
puede omitir las dificultades que se han ido acumulando en el sistema
institucional y que, por tanto, exigen más que enmiendas audaces e inclusivas,
una nueva Constitución.
Chile enfrenta hoy un peligroso déficit de integración de la juventud al
proceso de participación. La curva descendente de inscritos desde 1988 a la
fecha lo confirma: del potencial teórico de electores, efectivamente los
empadronados no superan los dos tercios. Si bien el Congreso despachó una
reforma constitucional que introduce el sufragio voluntario y la inscripción
automática, estos cambios están subordinados a la ley orgánica correspondiente,
lo que ha quedado suspendido hasta el próximo gobierno.
Para avanzar por este camino de profundización democrática es necesario
formar una gran mayoría progresista que sepa escuchar las demandas del Pueblo.
Esta nueva coalición política deberá manifestarse también en el Congreso, donde
ni la Concertación ni la Coalición por el Cambio tienen mayoría absoluta. La
gobernabilidad para realizar los cambios democráticos que el país necesita
requiere de nuevas alianzas que hagan viables las metas del progresismo sin
olvidar el clamor ciudadano de más Democracia y más Justicia Social como
garantes del bien común.
Santiago, Diciembre 15 de 2009
Editorial publicado en revista
Reflexión y Liberación Nº 83
